REALIDAD CONTRASTA CON LAS PROMESAS
La situación no ha cambiado. Y la cruzada, de acuerdo con las autoridades municipales, tampoco ha llegado
domingo, 12 de enero de 2014
MÉXICO, DF.- Los habitantes de Guadalupe y Calvo aún recuerdan la fiesta del 16 de febrero del año pasado: 5 mil indígenas de distintos puntos del municipio chihuahuense colindante con Sinaloa y Durango festejaron el inicio formal de la Cruzada Nacional contra el Hambre. La Sierra Tarahumara fue elegida como escenario para el arranque de la estrategia peñanietista pues padecía una emergencia alimentaria: la hambruna era motivo de escándalo nacional.
Siete semanas después del acto encabezado por la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y el gobernador César Duarte, en el hospital del pueblo falleció el niño Irving Cruz Gutiérrez. Sólo vivió tres meses. En su expediente quedaron registradas como causas del fallecimiento neumonía y desnutrición severa.
La situación, según los médicos locales, no ha cambiado. Y la cruzada, de acuerdo con las autoridades municipales, tampoco ha llegado.
"Todo está exactamente igual, no ha habido cambios. Sigo viendo pacientes con las mismas condiciones de desnutrición porque no comen realmente, no tienen alimentos que los nutran. Algunos ni alcanzan a llegar, se mueren en el camino. Supe que dos niños murieron aquí, quizá fueron más. Pero seguimos sin saber cuáles son las estrategias contra la desnutrición, nadie nos ha dicho en qué consiste la cruzada", dice a las enviadas de Proceso uno de los médicos, quien —debido a la inseguridad que afecta al personal hospitalario en esa región— pidió el anonimato.
En vísperas del primer aniversario del lanzamiento de la estrategia para combatir el hambre que anunció el 21 de enero Enrique Peña Nieto y de esa visita en la cual se firmó el primer convenio de trabajo entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y un gobierno estatal, en Guadalupe y Calvo no se aprecian obras nuevas o comedores comunitarios como los que el Gobierno Federal publicita en medios y redes sociales.
"Están atrasados. Aquí se dio el primer banderazo del país y se creía que iba a dar fruto. No sé cuál será el problema para el retraso, si sea la situación geográfica", señala el secretario del ayuntamiento, Mario Enrique García Almazán, entrevistado en su casa el primer fin de semana del año. El presidente municipal no estaba.
Para este municipio serrano (uno de los cinco de Chihuahua elegidos para el Programa Sin Hambre) apenas en diciembre llegó la instrucción de contratar estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua como representantes de la Sedesol para que visiten las comunidades más pobres y organicen asambleas a fin de elegir a los encargados de los comités comunitarios que definirán las acciones contra el hambre.
La regidora de salud de Guadalupe y Calvo, Paulina López, informa que a finales de noviembre se les dieron becas a los estudiantes para que visitaran los ranchos: "Ya se dio el primer paso".
Uno de los estudiantes contratados muestra a las reporteras el equipo que le dieron: linterna, gorra, mochila y camiseta. "A cada uno nos toca visitar 10 comunidades, llegamos, pedimos que elijan representantes, que firmen y que hagan una lista con tres peticiones de obras. Por cada 20 personas que se junten se crea un comité, entre más, más comités se crean. Las propuestas que nos entregan las pasamos a la presidencia municipal y desconocemos qué pase después", explica.
Mucha gente se sale de las asambleas al ver que no les darán despensas.
HAMBRE Y VIOLENCIA
En los días previos a la visita de este semanario fue asesinada una familia de Guadalupe y Calvo que había huido para refugiarse en la ciudad de Chihuahua. En el pueblo corría el rumor de que estaba por desatarse la venganza y todos, incluido el párroco, parecían asustados.
"Hay comunidades donde no formamos comités, nos dio mucho miedo entrar, nos las saltamos", admite el estudiante.
Además la Sedesol no ha pagado los 5 mil 600 pesos que prometió a cada promotor por hacer en una quincena (del 15 al 30 de noviembre) el trabajo planeado para hacerse en dos meses.
La presidencia municipal se inundó de peticiones ciudadanas que solicitan a la Cruzada Nacional: granjas de pollos, de cerdos o de borregos, ganado, invernaderos, tiendas Conasupo, salones de actos, escuelas, estanques para peces o agua potable.
Los estudiantes firman ante las comunidades, en representación de la Sedesol, aunque no saben cuál será la respuesta de los verdaderos encargados de la estrategia a las peticiones. Tampoco si existe presupuesto.
"Aquí ni siquiera nos dijeron si iba a haber comedores. Se nos dijo que le preguntáramos a las comunidades lo que necesitan. Apenas en diciembre llevamos las propuestas. Todavía no sabemos qué sigue. En enero vamos a reunirnos con las instituciones para ver la forma en que se va a empezar", indica el secretario.
La única novedad es que desde agosto, 100 primarias fueron incluidas en el programa Tiempo Completo de la SEP y comenzaron a brindar alimentos a los alumnos. El resto de la población consume lo mismo de siempre.
En el campo de la salud la realidad contrasta con las promesas gubernamentales: en vez de mejorar, el hospital de alta especialidad dejó de serlo desde el año pasado, cuando los médicos huyeron a causa de las extorsiones y los asesinatos entre cárteles.
La organización Alianza Sierra Madre —la cual trabaja en la zona serrana de Baborigame habitada por ódames o tepehuanes azotados por la extrema pobreza— tampoco ha notado avances.
"En la zona ódame se nombró comité con participación de autoridades comunales y un representante, pero no han llevado el programa. No ves por ningún lado comedores. Sabemos que tampoco tiene presupuestados recursos adicionales", apunta la directora de la organización, Isela González Díaz.
La Tarahumara tiene los municipios con los porcentajes más bajos de supervivencia infantil y materna y los más altos en desigualdad, acceso a servicios de salud y analfabetismo.
La Estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, presentada el 21 de enero del año pasado por Enrique Peña Nieto en Las Margaritas, Chiapas, y comenzada en febrero en Chihuahua, donde se firmó el primer acuerdo entre Federación y gobiernos estatales, ha tenido que ajustar sus metas varias veces.
El primer año el Gobierno Federal redujo la meta de atención: en la primera fase ya no serían 400 municipios intervenidos con acciones, 80 serían los prioritarios (Proceso 1917).
El diario El Universal detectó —or diversas solicitudes de información pública— que en 2013 las dependencias que con la Sedesol forman parte de la cruzada fracasaron en sus metas: la cobertura de secretarías, como la de la Defensa y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, no alcanzaban 40% de avance; la de Energía sólo había realizado obras de electrificación en los dos municipios piloto del programa, aunque se había planteado llegar a 80; la de Medio Ambiente y Recursos Naturales no registraba ninguna acción de reforestación como se había acordado, y Gobernación, Relaciones Exteriores y Turismo ni siquiera tenían información.
Entrevistado por la corresponsal de este semanario, el presidente municipal de Guachochi, José Leobardo Aguirre, informó que en ese municipio, que en los documentos de la Sedesol era considerado uno de los 80 prioritarios, apenas en diciembre empezaron a crear los comités ciudadanos. En Ciudad Juárez todavía no comienzan a crearlos, por lo que la dependencia no tiene la lista de necesidades de la gente.
Esto quedó claro en la reunión intersecretarial de la cruzada el 10 de enero en la ciudad de Chihuahua, donde también se supo que, contrario al anuncio hecho por Robles en una comparecencia ante legisladores y posteriormente por el gobernador Duarte, los municipios de Urique, Uruachi, Morelos y Batopilas —este último considerado el más pobre del estado— no habían sido incluidos entre los 400 a atenderse.
Durante su visita la representante de Robles, Liliana Romero Medina, dijo que este año propondrá su inclusión.
El alcalde de Batopilas, Emilio Bustillos Manjarrez, revivió las protestas que se dieron desde el año pasado por el método de selección de los municipios beneficiados por el Programa Sin Hambre.
PURA PROPAGANDA
El miércoles 8, Peña Nieto anunció la puesta en operación de 500 comedores comunitarios durante su visita al municipio guerrerense de Cochoapa el Grande, donde visitó un comedor de lujo: recién pintado, con mesas y sillas bien alineadas, grandes ollas de comida, tinacos nuevos y cocineras con mandiles, el pelo recogido y tapabocas.
Según documentos internos de la Sedesol, los comedores deben tener servicios básicos, ventilación e iluminación adecuadas, así como espacio para bodega, instalaciones hidráulicas y sanitarias que garanticen el manejo higiénico de los alimentos y medidas mínimas de seguridad e higiene.
En septiembre se constató que el comedor de ese municipio funcionaba al aire libre, en la calle bajo una lona. Las cocineras preparaban los alimentos en una fogata sobre el piso y carecían de ollas, utensilios de cocina, tanques de gas y alimentos (Proceso 1925).
"Falta todo: comal, olla, cacerolas, cucharas, tortilleras, estufa de tres quemadores, leña, despensa, gente que ayude... Había todo cuando nos vinieron a enseñar los soldados, pero estuvieron una semana nada más y cuando se fueron se llevaron sus trastes y estufa, porque todo era de ellos", afirmó la cocinera Guadalupe García García, una de las "voluntarias" asignadas a la fuerza por la comunidad para esa labor.
Esa escena es común en Guerrero. El antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan visitó en diciembre el comedor instalado en Cozondiapa, municipio de Copanatoyac, y pinta un panorama muy diferente al mostrado por Peña Nieto, cuya visita, por cierto, dejó como saldo el fallecimiento del niño Hermelindo Pablo Moreno, de dos años, al ser atropellado por una camioneta de la Sedesol.
"El comedor estaba muy dejado a la mano de Dios: al aire libre, la gente cocinando sobre fogones, en la tierra, tenía algunas mesas y sillas, pero en las mismas condiciones de insalubridad de siempre. La gente tenía que acarrear agua, leña, los tinacos estaban descubiertos. Les dieron de menú chilorio enlatado. Entonces el trato que se le da a las comunidades indígenas en estos comedores sigue siendo discriminatorio, muy diferente a lo que ponen para las fotografías", asegura.
La información gubernamental menciona que en Guerrero fueron establecidos 500 comedores comunitarios para alimentar a 60 mil personas de 36 municipios de las zonas Montaña (la más pobre del país), Costa Chica, Centro, Costa Grande y Acapulco.
Según el documento Reporte de avance de 500 comedores comunitarios en el estado de Guerrero, fechado el 16 de diciembre, 476 comedores son operados por las secretarías de la Defensa y de Marina (54 con participación de la Sedesol); los 24 restantes son operados sólo por la Marina.
De los 36 municipios elegidos para ubicar los comedores operados por las fuerzas de seguridad, en 30 se tiene registrada la presencia y operación de civiles armados que fungen como policías comunitarias, si se contrasta con la ubicación de las autodefensas divulgada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En entrevista telefónica Barrera comenta que es claro el interés del Ejército para instalar comedores en zonas de siembra de enervantes, conflictivas o donde hay presencia de policías comunitarias o autodefensas que le facilitan hacer un trabajo de investigación y contrainsurgencia.
"Es un juego muy perverso el que se está implementado en esas regiones sin impulsar la producción de básicos ni potenciar la siembra de maíz criollo, introduciendo alimentos enlatados que ya no sabe la gente cómo llegan a la mesa", dice. "Es la nueva forma de contrainsurgencia y contención social: antes era cortando pelo, enseñando oficios, dando dulces a los niños; ahora, entregando paquetes de alimentos y haciéndola de cocineros".
Por Marcela Turati y Patricia Mayorga / PROCESO
Siete semanas después del acto encabezado por la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y el gobernador César Duarte, en el hospital del pueblo falleció el niño Irving Cruz Gutiérrez. Sólo vivió tres meses. En su expediente quedaron registradas como causas del fallecimiento neumonía y desnutrición severa.
La situación, según los médicos locales, no ha cambiado. Y la cruzada, de acuerdo con las autoridades municipales, tampoco ha llegado.
"Todo está exactamente igual, no ha habido cambios. Sigo viendo pacientes con las mismas condiciones de desnutrición porque no comen realmente, no tienen alimentos que los nutran. Algunos ni alcanzan a llegar, se mueren en el camino. Supe que dos niños murieron aquí, quizá fueron más. Pero seguimos sin saber cuáles son las estrategias contra la desnutrición, nadie nos ha dicho en qué consiste la cruzada", dice a las enviadas de Proceso uno de los médicos, quien —debido a la inseguridad que afecta al personal hospitalario en esa región— pidió el anonimato.
En vísperas del primer aniversario del lanzamiento de la estrategia para combatir el hambre que anunció el 21 de enero Enrique Peña Nieto y de esa visita en la cual se firmó el primer convenio de trabajo entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y un gobierno estatal, en Guadalupe y Calvo no se aprecian obras nuevas o comedores comunitarios como los que el Gobierno Federal publicita en medios y redes sociales.
"Están atrasados. Aquí se dio el primer banderazo del país y se creía que iba a dar fruto. No sé cuál será el problema para el retraso, si sea la situación geográfica", señala el secretario del ayuntamiento, Mario Enrique García Almazán, entrevistado en su casa el primer fin de semana del año. El presidente municipal no estaba.
Para este municipio serrano (uno de los cinco de Chihuahua elegidos para el Programa Sin Hambre) apenas en diciembre llegó la instrucción de contratar estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua como representantes de la Sedesol para que visiten las comunidades más pobres y organicen asambleas a fin de elegir a los encargados de los comités comunitarios que definirán las acciones contra el hambre.
La regidora de salud de Guadalupe y Calvo, Paulina López, informa que a finales de noviembre se les dieron becas a los estudiantes para que visitaran los ranchos: "Ya se dio el primer paso".
Uno de los estudiantes contratados muestra a las reporteras el equipo que le dieron: linterna, gorra, mochila y camiseta. "A cada uno nos toca visitar 10 comunidades, llegamos, pedimos que elijan representantes, que firmen y que hagan una lista con tres peticiones de obras. Por cada 20 personas que se junten se crea un comité, entre más, más comités se crean. Las propuestas que nos entregan las pasamos a la presidencia municipal y desconocemos qué pase después", explica.
Mucha gente se sale de las asambleas al ver que no les darán despensas.
HAMBRE Y VIOLENCIA
En los días previos a la visita de este semanario fue asesinada una familia de Guadalupe y Calvo que había huido para refugiarse en la ciudad de Chihuahua. En el pueblo corría el rumor de que estaba por desatarse la venganza y todos, incluido el párroco, parecían asustados.
"Hay comunidades donde no formamos comités, nos dio mucho miedo entrar, nos las saltamos", admite el estudiante.
Además la Sedesol no ha pagado los 5 mil 600 pesos que prometió a cada promotor por hacer en una quincena (del 15 al 30 de noviembre) el trabajo planeado para hacerse en dos meses.
La presidencia municipal se inundó de peticiones ciudadanas que solicitan a la Cruzada Nacional: granjas de pollos, de cerdos o de borregos, ganado, invernaderos, tiendas Conasupo, salones de actos, escuelas, estanques para peces o agua potable.
Los estudiantes firman ante las comunidades, en representación de la Sedesol, aunque no saben cuál será la respuesta de los verdaderos encargados de la estrategia a las peticiones. Tampoco si existe presupuesto.
"Aquí ni siquiera nos dijeron si iba a haber comedores. Se nos dijo que le preguntáramos a las comunidades lo que necesitan. Apenas en diciembre llevamos las propuestas. Todavía no sabemos qué sigue. En enero vamos a reunirnos con las instituciones para ver la forma en que se va a empezar", indica el secretario.
La única novedad es que desde agosto, 100 primarias fueron incluidas en el programa Tiempo Completo de la SEP y comenzaron a brindar alimentos a los alumnos. El resto de la población consume lo mismo de siempre.
En el campo de la salud la realidad contrasta con las promesas gubernamentales: en vez de mejorar, el hospital de alta especialidad dejó de serlo desde el año pasado, cuando los médicos huyeron a causa de las extorsiones y los asesinatos entre cárteles.
La organización Alianza Sierra Madre —la cual trabaja en la zona serrana de Baborigame habitada por ódames o tepehuanes azotados por la extrema pobreza— tampoco ha notado avances.
"En la zona ódame se nombró comité con participación de autoridades comunales y un representante, pero no han llevado el programa. No ves por ningún lado comedores. Sabemos que tampoco tiene presupuestados recursos adicionales", apunta la directora de la organización, Isela González Díaz.
La Tarahumara tiene los municipios con los porcentajes más bajos de supervivencia infantil y materna y los más altos en desigualdad, acceso a servicios de salud y analfabetismo.
La Estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, presentada el 21 de enero del año pasado por Enrique Peña Nieto en Las Margaritas, Chiapas, y comenzada en febrero en Chihuahua, donde se firmó el primer acuerdo entre Federación y gobiernos estatales, ha tenido que ajustar sus metas varias veces.
El primer año el Gobierno Federal redujo la meta de atención: en la primera fase ya no serían 400 municipios intervenidos con acciones, 80 serían los prioritarios (Proceso 1917).
El diario El Universal detectó —or diversas solicitudes de información pública— que en 2013 las dependencias que con la Sedesol forman parte de la cruzada fracasaron en sus metas: la cobertura de secretarías, como la de la Defensa y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, no alcanzaban 40% de avance; la de Energía sólo había realizado obras de electrificación en los dos municipios piloto del programa, aunque se había planteado llegar a 80; la de Medio Ambiente y Recursos Naturales no registraba ninguna acción de reforestación como se había acordado, y Gobernación, Relaciones Exteriores y Turismo ni siquiera tenían información.
Entrevistado por la corresponsal de este semanario, el presidente municipal de Guachochi, José Leobardo Aguirre, informó que en ese municipio, que en los documentos de la Sedesol era considerado uno de los 80 prioritarios, apenas en diciembre empezaron a crear los comités ciudadanos. En Ciudad Juárez todavía no comienzan a crearlos, por lo que la dependencia no tiene la lista de necesidades de la gente.
Esto quedó claro en la reunión intersecretarial de la cruzada el 10 de enero en la ciudad de Chihuahua, donde también se supo que, contrario al anuncio hecho por Robles en una comparecencia ante legisladores y posteriormente por el gobernador Duarte, los municipios de Urique, Uruachi, Morelos y Batopilas —este último considerado el más pobre del estado— no habían sido incluidos entre los 400 a atenderse.
Durante su visita la representante de Robles, Liliana Romero Medina, dijo que este año propondrá su inclusión.
El alcalde de Batopilas, Emilio Bustillos Manjarrez, revivió las protestas que se dieron desde el año pasado por el método de selección de los municipios beneficiados por el Programa Sin Hambre.
PURA PROPAGANDA
El miércoles 8, Peña Nieto anunció la puesta en operación de 500 comedores comunitarios durante su visita al municipio guerrerense de Cochoapa el Grande, donde visitó un comedor de lujo: recién pintado, con mesas y sillas bien alineadas, grandes ollas de comida, tinacos nuevos y cocineras con mandiles, el pelo recogido y tapabocas.
Según documentos internos de la Sedesol, los comedores deben tener servicios básicos, ventilación e iluminación adecuadas, así como espacio para bodega, instalaciones hidráulicas y sanitarias que garanticen el manejo higiénico de los alimentos y medidas mínimas de seguridad e higiene.
En septiembre se constató que el comedor de ese municipio funcionaba al aire libre, en la calle bajo una lona. Las cocineras preparaban los alimentos en una fogata sobre el piso y carecían de ollas, utensilios de cocina, tanques de gas y alimentos (Proceso 1925).
"Falta todo: comal, olla, cacerolas, cucharas, tortilleras, estufa de tres quemadores, leña, despensa, gente que ayude... Había todo cuando nos vinieron a enseñar los soldados, pero estuvieron una semana nada más y cuando se fueron se llevaron sus trastes y estufa, porque todo era de ellos", afirmó la cocinera Guadalupe García García, una de las "voluntarias" asignadas a la fuerza por la comunidad para esa labor.
Esa escena es común en Guerrero. El antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan visitó en diciembre el comedor instalado en Cozondiapa, municipio de Copanatoyac, y pinta un panorama muy diferente al mostrado por Peña Nieto, cuya visita, por cierto, dejó como saldo el fallecimiento del niño Hermelindo Pablo Moreno, de dos años, al ser atropellado por una camioneta de la Sedesol.
"El comedor estaba muy dejado a la mano de Dios: al aire libre, la gente cocinando sobre fogones, en la tierra, tenía algunas mesas y sillas, pero en las mismas condiciones de insalubridad de siempre. La gente tenía que acarrear agua, leña, los tinacos estaban descubiertos. Les dieron de menú chilorio enlatado. Entonces el trato que se le da a las comunidades indígenas en estos comedores sigue siendo discriminatorio, muy diferente a lo que ponen para las fotografías", asegura.
La información gubernamental menciona que en Guerrero fueron establecidos 500 comedores comunitarios para alimentar a 60 mil personas de 36 municipios de las zonas Montaña (la más pobre del país), Costa Chica, Centro, Costa Grande y Acapulco.
Según el documento Reporte de avance de 500 comedores comunitarios en el estado de Guerrero, fechado el 16 de diciembre, 476 comedores son operados por las secretarías de la Defensa y de Marina (54 con participación de la Sedesol); los 24 restantes son operados sólo por la Marina.
De los 36 municipios elegidos para ubicar los comedores operados por las fuerzas de seguridad, en 30 se tiene registrada la presencia y operación de civiles armados que fungen como policías comunitarias, si se contrasta con la ubicación de las autodefensas divulgada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En entrevista telefónica Barrera comenta que es claro el interés del Ejército para instalar comedores en zonas de siembra de enervantes, conflictivas o donde hay presencia de policías comunitarias o autodefensas que le facilitan hacer un trabajo de investigación y contrainsurgencia.
"Es un juego muy perverso el que se está implementado en esas regiones sin impulsar la producción de básicos ni potenciar la siembra de maíz criollo, introduciendo alimentos enlatados que ya no sabe la gente cómo llegan a la mesa", dice. "Es la nueva forma de contrainsurgencia y contención social: antes era cortando pelo, enseñando oficios, dando dulces a los niños; ahora, entregando paquetes de alimentos y haciéndola de cocineros".
Por Marcela Turati y Patricia Mayorga / PROCESO
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