TIJUANA, B.C. (proceso.com.mx).- El Poder Judicial de la Federación inició una serie de requerimientos a periodistas y medios de comunicación de Tijuana por la publicación de notas informativas sobre detención de personas vinculadas con el crimen organizado dentro de una modalidad instrumentada por la defensa jurídica de los procesados que los citan como “testigos” y los jueces piden revelar fuentes de información.
Esta situación trajo consigo temores fundados por la seguridad e integridad no sólo de sus fuentes de información sino de reporteros, de la cobertura informativa de los hechos que se registran en la región y de su investigación, lo que implicaría una mordaza impuesta por los propios periodistas, en detrimento de la libertad de expresión sostuvo la directora de la Agencia Fronteriza de Noticias (AFN), Dora Elena Cortez, quien obtuvo el Premio Nacional de Periodismo por la cobertura del caso Luis Donaldo Colosio en 1994.
Advirtió que esta situación adversa se realiza a través de jueces de distrito asentados en Baja California ya que estos requerimientos los hacen jueces federales que atienden procesos de delitos contra la salud de “personas de las que se presume que pudieran estar involucradas con crimen organizado porque se les acusa de posesión de grandes cantidades de drogas, posesión de arsenales y hasta de homicidios”.
En todos los casos, sostuvo Cortez, los abogados han establecido que no se trata de un problema en contra de AFN ni tampoco se duda del contenido de sus notas, sino que por el contrario, basado en la veracidad que tiene este medio, han decidido utilizar nuestros informes como argumentos de defensa de sus clientes para “demostrar que los presuntos delincuentes son inocentes y que las autoridades que los remitieron falsearon declaraciones”.
Los periodistas se sienten acosados en su misión de informar a la sociedad lo que ocurre en la región del noroeste del país y son objeto de amenazas judiciales sobre penas económicas y hasta de uso de la fuerza pública en caso de que no se atiendan sus demandas de información.
“Entendemos que no somos ni la parte demandante ni los presuntos delincuentes, ni las autoridades que los detuvieron, ni tampoco testigos directos de los hechos, además que estamos amparados por varios ordenamientos legales en cuanto a la secrecía de nuestro trabajo”, señaló la periodista que denunció que se hizo costumbre que “nos metan en un pleito que traen abogados con autoridades o por la falta de pericia de aquellos para defender a sus representados”
Los requerimientos han sido respondidos a partir de la protección de la Constitución, de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Decreto relacionado con la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos y del Código Federal de Procedimientos Penales para no revelar las “fuentes de información”.
Los requerimientos recibidos por AFN provienen de la juez XIII de Distrito, Rosa Eugenia Gómez Tello Posada, sobre el caso en contra de Fabricio Jonathan Rascón Fernández Cano y Oswaldo Martínez Palafox, por “delitos contra la salud”, dentro de la causa penal 29/2013 relacionada con el decomiso de un cargamento de más de siete toneladas de droga realizado por militares y policías locales.
En este caso, la juez solicitó el 11 de septiembre el horario de la publicación de la nota y la identidad del reportero que cubrió la información, además que fijó el 15 de septiembre, a las 10:32 horas, para realizar una “diligencia ocular” de la página electrónica de AFN.
La contestación fue por escrito bajo la asesoría del asesor legal Marco Antonio Mackliz pero el 2 de octubre el juzgado ordenó precisar “datos claves” de la información: la hora en que estuvieron en el lugar de los hechos; la autoridad que informó los hechos; el medio por el que les dieron aviso de dichos hechos; y el horario en que la autoridad les proporcionó la información.
El 30 de septiembre, el juez V de Distrito Mauricio Fernández de la Mora envió otro requerimiento para demandar información que la defensa de Joel Molano Castillo y Víctor Rubén Heredia Salazar considera necesaria para sacar de prisión a sus clientes. A ellos se les abrió la causa pPenal 268/2012-A por los delitos de portación de Arma de Fuego del Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y otros.
Un empresario señaló a Molano y Heredia como responsables de intentar secuestrarlo y se dijo que podrían estar relacionados con tres jóvenes que murieron en un enfrentamiento en la colonia Ampliación Guaycura. La solicitud de información incluye el horario de publicación de la información y si “algún periodista en especial cubrió esa nota en algún edificio de Seguridad Pública Municipal donde fueron presentados los mencionados o cómo es que se recibieron las fotografías que se agregaron a la noticia”.
Otro asunto más está contenido en la causa penal 50/2013 donde el abogado defensor de Francisco Javier Rojas Valenzuela solicitó al Juzgado Séptimo de Distrito la información relacionada con una nota sobre el aseguramiento de un vehículo en la carretera Tecate-Tijuana, a la altura de la colonia Maclovio Rojas, con un cargamento de ice con valor estimado de 41 millones de pesos.
A Rojas se le capturó junto con José Adán Álvarez Preciado, Luis Felipe Flores Antúnez, Jorge Humberto Ibarra Favelas, Alidia Alejandrina Romero García y Yanet Lozano López en posesión de 84 kilos del enervante y con tres metralletas AK-47.
Esta situación no es privativa de AFN, sino también de otros medios como Milenio Baja California y el periodista Vicente Calderón, quienes han sido hostigados también con requerimientos legales, por la cobertura informativa de otros casos.
Cortez dijo sentir temores fundados por la seguridad e integridad no sólo de sus fuentes de información sino de reporteros que podrían inhibirse para informar lo que normalmente no se dice de manera oficial o de cubrir periodísticamente los hechos de los que se tiene conocimiento, además de sufrir represalias “por parte de individuos de los que no sabemos si realmente están involucrados con casos de crimen organizado y lo más grave, la decisión de ya no informar de hechos delicados que se registran en nuestra región ni de investigar temas que podrían llevarnos a correr la misma suerte, lo cual iría en detrimento de la libre expresión por la auto mordaza que nos impondríamos y en detrimento también del derecho que tienen los lectores de informarse sobre lo que ocurre en su entorno”.
Esta situación trajo consigo temores fundados por la seguridad e integridad no sólo de sus fuentes de información sino de reporteros, de la cobertura informativa de los hechos que se registran en la región y de su investigación, lo que implicaría una mordaza impuesta por los propios periodistas, en detrimento de la libertad de expresión sostuvo la directora de la Agencia Fronteriza de Noticias (AFN), Dora Elena Cortez, quien obtuvo el Premio Nacional de Periodismo por la cobertura del caso Luis Donaldo Colosio en 1994.
Advirtió que esta situación adversa se realiza a través de jueces de distrito asentados en Baja California ya que estos requerimientos los hacen jueces federales que atienden procesos de delitos contra la salud de “personas de las que se presume que pudieran estar involucradas con crimen organizado porque se les acusa de posesión de grandes cantidades de drogas, posesión de arsenales y hasta de homicidios”.
En todos los casos, sostuvo Cortez, los abogados han establecido que no se trata de un problema en contra de AFN ni tampoco se duda del contenido de sus notas, sino que por el contrario, basado en la veracidad que tiene este medio, han decidido utilizar nuestros informes como argumentos de defensa de sus clientes para “demostrar que los presuntos delincuentes son inocentes y que las autoridades que los remitieron falsearon declaraciones”.
Los periodistas se sienten acosados en su misión de informar a la sociedad lo que ocurre en la región del noroeste del país y son objeto de amenazas judiciales sobre penas económicas y hasta de uso de la fuerza pública en caso de que no se atiendan sus demandas de información.
“Entendemos que no somos ni la parte demandante ni los presuntos delincuentes, ni las autoridades que los detuvieron, ni tampoco testigos directos de los hechos, además que estamos amparados por varios ordenamientos legales en cuanto a la secrecía de nuestro trabajo”, señaló la periodista que denunció que se hizo costumbre que “nos metan en un pleito que traen abogados con autoridades o por la falta de pericia de aquellos para defender a sus representados”
Los requerimientos han sido respondidos a partir de la protección de la Constitución, de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Decreto relacionado con la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos y del Código Federal de Procedimientos Penales para no revelar las “fuentes de información”.
Los requerimientos recibidos por AFN provienen de la juez XIII de Distrito, Rosa Eugenia Gómez Tello Posada, sobre el caso en contra de Fabricio Jonathan Rascón Fernández Cano y Oswaldo Martínez Palafox, por “delitos contra la salud”, dentro de la causa penal 29/2013 relacionada con el decomiso de un cargamento de más de siete toneladas de droga realizado por militares y policías locales.
En este caso, la juez solicitó el 11 de septiembre el horario de la publicación de la nota y la identidad del reportero que cubrió la información, además que fijó el 15 de septiembre, a las 10:32 horas, para realizar una “diligencia ocular” de la página electrónica de AFN.
La contestación fue por escrito bajo la asesoría del asesor legal Marco Antonio Mackliz pero el 2 de octubre el juzgado ordenó precisar “datos claves” de la información: la hora en que estuvieron en el lugar de los hechos; la autoridad que informó los hechos; el medio por el que les dieron aviso de dichos hechos; y el horario en que la autoridad les proporcionó la información.
El 30 de septiembre, el juez V de Distrito Mauricio Fernández de la Mora envió otro requerimiento para demandar información que la defensa de Joel Molano Castillo y Víctor Rubén Heredia Salazar considera necesaria para sacar de prisión a sus clientes. A ellos se les abrió la causa pPenal 268/2012-A por los delitos de portación de Arma de Fuego del Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y otros.
Un empresario señaló a Molano y Heredia como responsables de intentar secuestrarlo y se dijo que podrían estar relacionados con tres jóvenes que murieron en un enfrentamiento en la colonia Ampliación Guaycura. La solicitud de información incluye el horario de publicación de la información y si “algún periodista en especial cubrió esa nota en algún edificio de Seguridad Pública Municipal donde fueron presentados los mencionados o cómo es que se recibieron las fotografías que se agregaron a la noticia”.
Otro asunto más está contenido en la causa penal 50/2013 donde el abogado defensor de Francisco Javier Rojas Valenzuela solicitó al Juzgado Séptimo de Distrito la información relacionada con una nota sobre el aseguramiento de un vehículo en la carretera Tecate-Tijuana, a la altura de la colonia Maclovio Rojas, con un cargamento de ice con valor estimado de 41 millones de pesos.
A Rojas se le capturó junto con José Adán Álvarez Preciado, Luis Felipe Flores Antúnez, Jorge Humberto Ibarra Favelas, Alidia Alejandrina Romero García y Yanet Lozano López en posesión de 84 kilos del enervante y con tres metralletas AK-47.
Esta situación no es privativa de AFN, sino también de otros medios como Milenio Baja California y el periodista Vicente Calderón, quienes han sido hostigados también con requerimientos legales, por la cobertura informativa de otros casos.
Cortez dijo sentir temores fundados por la seguridad e integridad no sólo de sus fuentes de información sino de reporteros que podrían inhibirse para informar lo que normalmente no se dice de manera oficial o de cubrir periodísticamente los hechos de los que se tiene conocimiento, además de sufrir represalias “por parte de individuos de los que no sabemos si realmente están involucrados con casos de crimen organizado y lo más grave, la decisión de ya no informar de hechos delicados que se registran en nuestra región ni de investigar temas que podrían llevarnos a correr la misma suerte, lo cual iría en detrimento de la libre expresión por la auto mordaza que nos impondríamos y en detrimento también del derecho que tienen los lectores de informarse sobre lo que ocurre en su entorno”.
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