La recuperación de los cadáveres de 63 obreros sepultados en la mina de Pasta de Conchos debe ser el inicio para el rescate de toda la región carbonífera, aseguró Cristina Auerbach, de la organización Familias Pasta de Conchos.
miércoles, 15 de mayo de 2013
SALTILLO, Coah., (proceso.com.mx).- La región carbonífera es una de las zonas más marginadas de Coahuila, controlada por la delincuencia organizada, donde las empresas mineras extraen de su subsuelo una gran riqueza, recordó.
“Esperamos que el rescate sea el inicio de una recuperación de toda la zona, porque las empresas se llevan toda la riqueza”, agregó la activista
Dichas compañías únicamente retribuyen alrededor del 11 por ciento del valor comercial de todo lo que extraen, precisó Auerbach.
Destacó que los pueblos de la región como Múzquiz, Palú, Sabinas, entre otros, son municipios marginados, con calles sin pavimentar, sin parques y con nula inversión en infraestructura.
“El rescate de los cuerpos que recién se anunció debe ayudar a cambiar la cultura de las empresas mineras. Aún siguen muriendo muchos mineros. En los últimos meses han muerto más de 100 personas”, añadió.
El 19 de febrero de 2006 un total de 65 mineros fueron sepultados tras una explosión en la mina Pasta de Conchos, propiedad de Minera México, de Germán Larrea. Sólo dos de ellos fueron rescatados.
El día de ayer, Ricardo García Cervantes, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), anunció que el gobierno federal rescatará los 63 cadáveres de los mineros sepultados en Pasta de Conchos.
La PGR integró un equipo interdisciplinario junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para emprender su recuperación.
García Cervantes estimó que el rescate podría costar “varios millones de dólares” y duraría entre seis y doce meses.
Cristina Auerbach aseguró que el gobierno federal está anunciando el rescate adelantándose a una resolución que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDIH).
Mencionó que la Organización Familia Pasta de Conchas llevó desde 2010 el caso a la Corte Interamericana exigiendo que se rescatara los restos de los mineros.
Destacó que el gobierno se vio obligado a recuperar a los mineros enterrados en la mina previendo una resolución en su contra.
El gobierno de Rubén Moreira también intenta acreditarse el rescate, pero en este caso el gobierno estatal no tiene nada que hacer, concluyó Cristina Auerbach.
APRO
“Esperamos que el rescate sea el inicio de una recuperación de toda la zona, porque las empresas se llevan toda la riqueza”, agregó la activista
Dichas compañías únicamente retribuyen alrededor del 11 por ciento del valor comercial de todo lo que extraen, precisó Auerbach.
Destacó que los pueblos de la región como Múzquiz, Palú, Sabinas, entre otros, son municipios marginados, con calles sin pavimentar, sin parques y con nula inversión en infraestructura.
“El rescate de los cuerpos que recién se anunció debe ayudar a cambiar la cultura de las empresas mineras. Aún siguen muriendo muchos mineros. En los últimos meses han muerto más de 100 personas”, añadió.
El 19 de febrero de 2006 un total de 65 mineros fueron sepultados tras una explosión en la mina Pasta de Conchos, propiedad de Minera México, de Germán Larrea. Sólo dos de ellos fueron rescatados.
El día de ayer, Ricardo García Cervantes, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), anunció que el gobierno federal rescatará los 63 cadáveres de los mineros sepultados en Pasta de Conchos.
La PGR integró un equipo interdisciplinario junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para emprender su recuperación.
García Cervantes estimó que el rescate podría costar “varios millones de dólares” y duraría entre seis y doce meses.
Cristina Auerbach aseguró que el gobierno federal está anunciando el rescate adelantándose a una resolución que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDIH).
Mencionó que la Organización Familia Pasta de Conchas llevó desde 2010 el caso a la Corte Interamericana exigiendo que se rescatara los restos de los mineros.
Destacó que el gobierno se vio obligado a recuperar a los mineros enterrados en la mina previendo una resolución en su contra.
El gobierno de Rubén Moreira también intenta acreditarse el rescate, pero en este caso el gobierno estatal no tiene nada que hacer, concluyó Cristina Auerbach.
APRO
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