AGENCIA REFORMA/ SALTILLO, COAHUILA
La Auditoría Superior del Coahuila promovió una controversia constitucional en contra de la resolución emitida por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) que ordena entregar los documentos contenidos en la cuenta pública 2010, los cuales revelarían gran parte del endeudamiento durante la gestión de Humberto Moreira.
De acuerdo con una notificación el 27 de abril se solicitó al Tribunal Constitucional Local la controversia y la suspensión de la resolución.
"Este órgano de fiscalización superior en fecha 27 de abril de 2012 presentó formal controversia constitucional en contra de la citada resolución, misma que fue presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila en función de Tribunal Constitucional. "De igual forma, le comunico que respecto del cumplimiento de la resolución al recurso de revisión ya citado, esta Auditoría Superior solicitó en la referida controversia constitucional la suspensión de la mencionada resolución", señala el oficio número ASE-771-2012 notificado a través de estrados.
El 10 de abril, el ICAI ordenó a la Auditoría Superior del Estado entregar la información en la cuenta pública 2010, que tiene la información mediante la que se contrató la megadeuda por casi 36 mil millones de pesos en la gestión de Humberto Moreira.
El Consejo General del ICAI argumentó que toda vez que concluyó el proceso de fiscalización de la cuenta pública 2010, al publicarse el informe de resultados quedaron sin efectos las causas de reserva, por lo que debe modificarse la respuesta y entregar la información solicitada el pasado 31 de octubre de 2011.
El 25 de noviembre de 2011, la Auditoría Superior del Estado informó que los documentos solicitados estaban clasificados como reservados por ocho años por estar en proceso de fiscalización.
Gerardo Rodríguez Carmona, responsable de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Auditoría, dijo que la controversia se interpuso porque el ICAI no tomó en cuenta los argumentos del organismo que señalaba que sí existía base legal para reservar la información.
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