Jesús Peña
13 febrero 2012
Empresarios y ciudadanos que confiaron su capital en los programas del “Gobierno de la Gente”, hoy lloran por los adeudos e intereses, aquí sus historias...
Saltillo, Coahuila. El fracaso de los programas de la pasada administración estatal tuvo efectos económicos severos en numerosas empresas y familias, quienes encantados por las promesas que hizo el Estado, comprometieron su economía ciegamente. Hoy, algunos de ellos, narran cómo están pagando las consecuencias con intereses e incluso la bancarrota.
El Proeec: compromiso no cumplido César Martínez del Bosque es el propietario de un negocio de impresión a cuya oficina, localizada en la colonia República Poniente, se presentó, un día a mediados de 2008, uno de esos extensionistas financieros para venderle, dijo, una alternativa de crédito que, de seguro, cambiaría el rumbo de su negocio.
Se trataba, le explico, d e un proyecto, “único en el país”, llamado Programa de Eficiencia Empresarial Coahuila (PROECC) , que había sido creado por el Gobierno de la Gente, a instancias de la Cámara Nacional de Comercio de Saltillo y con el apoyo de la banca comercial, para que los micro, pequeños y medianos empresarios como él, pudieran acceder a préstamos con las tasas de interés más bajas del mercado.
El gobierno del profesor Moreira Valdés, se comprometía, además, a pagar un diferencial de hasta el ocho por ciento sobre el Costo Anual Total del crédito, que ascendería, aproximadamente, a un 15 por ciento por año.
Los depósitos, que serían derivados por la Secretaría de Finanzas y después por el Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, se harían en forma mensual, siempre y cuando el empresario cumpliera puntualmente con sus pagos al banco.
Después de acreditar la antigüedad de su pequeña fábrica, presentar su declaración fiscal, comprobar que no estaba en buró de crédito y firmar el contrato con la institución financiera, César, logró entrar en el Programa.
Con el préstamo que había solicitado por 530 mil pesos podría comprar por fin aquella máquina que le permitiría abatir costos de producción y eficientar el tiempo de entrega de sus productos.
Días después César, con el aval del “Gobierno de la Gente”, obtuvo el dinero del banco y al rato el equipo estaba jalando en el taller de su imprenta. Los plazos de pago del préstamo empezaron a correr, pagos que César cumplía cabalmente, en tanto el Estado depositaba en su cuenta el porcentaje pactado sobre los intereses.
El dinero de los intereses devuelto le serviría al empresario para cumplir sus compromisos con proveedores y mantener las operaciones de la fábrica.
Todo marchaba bien, hasta mayo de 2010, y sólo cuando habían transcurrido 24 de los 36 meses del crédito, el “Gobierno de la Gente” interrumpió el pago de la parte de los intereses que le correspondía y César, lo mismo que unos mil pequeños y medianos empresarios de Coahuila que accedieron al programa, hubo de entrar al quite con la parte que le tocaba al Estado hasta cumplirse el plazo del préstamo.
Las autoridades argumentaron que la suspensión de los apoyos se había debido a los efectos que ocasionó al Estado la crisis económica de Norteamérica en 2009, además de la devastación provocada por el huracán “Alex”, en el norte de Coahuila a mitad de 2010.
“Sé de gente que accedió tarde a los créditos y que nada más alcanzó uno o dos meses de apoyo”, revela César.
Mientras tanto las finanzas de su negocio empezaron a ir mal. La falta de dinero había ocasionado que César fallara en el pago a sus proveedores y los gastos operativos de la empresa.
Una y mil veces acudió a la entonces Secretaría de Fomento Económico para que alguien le dijera cuándo el “Gobierno de la Fente” iba a reanudar el pago de su parte en los intereses del crédito contratado. Nunca obtuvo respuesta.
Al cabo de tres años César había logrado pagar con creces aquel crédito, con todo y que el gobierno le había retirado la ayuda el último año y de que las finanzas de su empresa cada día se iban un poco de pique.
El adeudo con sus proveedores subió a 100 mil pesos y César optó entonces por acudir a la oficina del Fideicomiso Público para Programas de Apoyo a Financiamientos para Microempresas (Fincoa), entidad sobre la que recaía la responsabilidad del PROECC, para reclamar el adeudo del gobierno que él había pagado al banco, pero de nuevo nadie le hizo caso.
Por aquellos días se había soltado el rumor de que el Estado, había comenzado a liquidar sus adeudos, pero sólo a sus “compadres” y “amigos” más cercamos.
De regreso a su oficina y mientras craneaba cómo resolver los pasivos con sus proveedores, César se acordó del día en que aquel consultor de maletín, traje y corbata, entró en su despacho para ofrecerle envueltas en aquel Programa “las perlas de la virgen”.
“Ahora sí que nos dejaron colgados”, pensó.
Prosoft: acciones irresponsables Lo mismo malició un empresario del software, que prefiere mejor no dar su nombre, cuando supo, por experiencia propia que el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft), impulsado por la Federación, y en el que participaba el “Gobierno de la Gente”, no era más que un puro engaño.
Este hombre, que es el dueño de una pequeña compañía pionera, a nivel nacional, en el desarrollo de paquetes computacionales y digitalización de documentos, había buscado por años algún apoyo económico que le ayudara a expandir su nivel tecnológico a través de la adquisición de servidores, unidades de respaldo y la creación de un site para el almacenamiento de información.
Su número de clientes de servicios digitales había aumentado hasta entonces y era hora de que este arrojado empresario pensara en grande, y se lanzara con su propuesta digital al mercado exterior.
Esperan que el nuevo Gobernador, a quien apoyaron en su campaña regrese este programa
“Habíamos llegado a tener clientes nacionales e internacionales como el Periódico El Universal, el Seguro Social, no somos una empresa tan pequeñita y esta parte nos iba a ayudar a crecer más, a ser más importantes, a fortalecernos....”, explica. Sus colegas le habían dicho de un programa tripartito denominado Prosoft, en el que los gobiernos federal y estatal aportaban, a partes iguales, el 50 por ciento a fondo perdido, sobre el costo de un proyecto tecnológico para el desarrollo de software, la otra mitad sería cosa del empresario.
La oferta le sonó tentadora, pero el empresario, que nunca había concursado en ningún apoyo gubernamental y había tenido malas referencias sobre el manejo de los programas sociales por parte de la administración de Humberto Moreira, dudó un momento.
Por fin, y viendo que no había manera de conseguir el millón 200 mil pesos que necesitaba para echar a andar su idea, decidió en 2009 inscribirse, vía Internet, en la convocatoria del Programa.
Así esperó con ansia el veredicto del jurado calificador y semanas más tarde, recibió con beneplácito la noticia de que su propuesta había sido aprobada y sólo faltaba llenar algunos requisitos y otras formalidades antes de recibir el beneficio que era de 600 mil pesos por parte de ambos gobiernos, justo la mitad del valor del proyecto,
Se llegó el día, el Gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Economía, depositó en la cuenta bancaria de la empresa la suma de 300 mil pesos, correspondiente a su aportación, el dueño del negocio tenía resuelta su parte, que eran 600 mil pesos, y sólo faltaba que la Secretaría de Fomento Económico del “Gobierno de la Gente”, pusiera el resto, los otros 300 mil pesos, que juntos darían el millón 200 para la compra del equipo.
Pero la ayuda de la administración estatal jamás llegó y el empresario tuvo que pactar un crédito con el proveedor del equipo por los 300 mil pesos faltantes.
“El gobierno de Moreira estaba obligado a cumplir porque había un contrato de por medio, el contrato estaba firmado inclusive por el gobernador que era Humberto Moreira”.
Pasaron uno, dos y tres meses y del apoyo nada, en cambio los intereses por el adeudo a la compañía con la que había comprado el equipo cada día iban a la alza. “Empezó a crecer la deuda y al final de cuentas tuvimos que absorber el equipo como empresa y pagar el 25 por ciento que no otorgó el Estado, nos hizo perder mucho dinero, a lo mejor una cantidad igual a los 300 mil pesos que no dio el Gobernador”.
A partir de entonces, para este empresario todo fue dar vueltas y vueltas a la Secretaría de Fomento Económico, para preguntar cuándo se dignarían a pagar su aportación del Prosoft y lo único que le respondían los funcionarios de esta dependencia era que el asunto del dinero no estaba en sus manos.
Después de dos años, los intereses por la compra del equipo habían crecido a cerca de 300 mil pesos, sin que nadie pudiera evitarlo, pero además la Secretaría de Economía federal, que había practicado una auditoría a la empresa, la amenazó con exigir el reembolso de su aportación, en caso de que el proyecto no estuviera saldado totalmente.
En respuesta el empresario se dirigió de nueva cuenta, una y otra vez, con los funcionarios estatales para suplicarles su apoyo, pero no fue escuchado.
“Es un perjuicio grande porque el Gobierno federal nos pide los 300 mil pesos, a parte de los 300 que ya perdimos y los 300 que tuvimos que invertir para liquidar el equipo, ya estamos pegándole casi al millón de pesos”, lamenta.
Hoy su empresa, que a pesar de todo ha obtenido, incluso, reconocimiento mundial, está en peligro del colapso financiero y a un paso de entrar al buró de crédito.
“Realmente aquí es muy difícil levantar tu empresa, porque no hay apoyos, los apoyos van destinados a compadres y amigos”.
En fin que ya era demasiado tarde para arrepentirse de haber entrado al programa, reflexionó este empresario, quien se había quedado sin fe ni un peso en la bolsa. “En lugar de apoyar a los empresarios nos perjudicaron”, fue lo único que le quedó decir. Guarderías Gratuitas:
Verdades a medias
El mundo se les cayó encima a un grupo de 52 madres de familia y propietarias de guarderías, el día en que en una reunión convocada por las autoridades estatales, se les notificó que Humberto Moreira Valdés había ordenado la suspensión del apoyo gratuito a estancias iniciado en 2010 y que beneficiaba a estas empresarias y a miles de niños de todo Coahuila.
Meses atrás, estas mujeres, en su mayoría educadoras y maestras de escuela, habían conseguido levantar su propia guardería con beneficios obtenidos a través del Programa de Estancias Infantiles de Sedesol federal, que operaba otorgando una aportación de 750 pesos mensuales por niño, más la cuota obligatoria de los padres que ascendía a cerca de 350 pesos por mes.
Su vía crucis comenzó cuando rumbo al final de la pasada administración y en vísperas del proceso electoral para renovar el gobierno de Coahuila, el mandatario Humberto Moreira lanzó por todo lo alto un programa piloto que bautizó como de “Guarderías Gratuitas”, en el que se ofrecería a las directoras beneficios de hasta mil 600 pesos mensuales por niño y a los padres de familia servicio de estancia infantil sin costo alguno.
La propuesta se oía “bonita” y muchas de las dueñas de las Estancias Infantiles, que habían sido auspiciadas por el programa de Sedesol federal, se dirigieron a Palacio de Gobierno para solicitar información sobre los requisitos y el funcionamiento del nuevo proyecto.
De inmediato fueron remitidas a las oficinas de la entonces Secretaría de Educación y Cultura de Coahuila, donde más tarde les dieron el número de celular de un tal César Castillo Quiroz, quien, se enterarían más adelante las empresarias, era uno de los operadores políticos.
“Nos dijo que habría mejor infraestructura para las guarderías, mejor mobiliario. Nos lo pintó todo muy bonito, nosotros lo veíamos como un sistema novedoso y aparte muy sustancioso. Nos bajaron la luna y las estrellas”, relata Graciela Herrera, q uien representó a la Guardería Santa María, que hasta diciembre operó en la colonia Zamora de Saltillo.
Días después y en la primera reunión con Castillo Quiroz, éste les prometió que de entrar en el Programa de Guarderías Gratuitas, las empresarias tendrían derecho a 120 becas, es decir 120 niños por estancia, que equivalían a un apoyo de 132 mil pesos mensuales, más una ayuda económica para la adecuación de los nuevos inmuebles donde se ubicarían los centros de resguardo de los pequeños, que a la postre, les aseguró Quiroz, serían incorporadas a la SEC como jardines de niños.
Antes, las todavía beneficiarias del Programa de Estancias Infantiles Sedesol, tendrían que sujetarse a la línea estatal y cumplir algunas condiciones para acceder a los beneficios del proyecto.
De entrada debían afiliarse a la CROC y asistir a las reuniones y a eventos políticos, situación que provocó que las empresarias descuidaran la atención de las guarderías concesionadas por el gobierno federal y sacaran malas notas en las supervisiones ejecutadas por el personal de Sedesol.
“En realidad no teníamos problemas con Estancias Infantiles ni con Sedesol federal, el problema nos lo acarreamos a partir de que empezamos a unirnos a esta persona”, refiere Graciela Herrera.
El plan de César Castillo Quiroz, el operador de los Moreira, había funcionado. El siguiente paso sería que las empresarias negaran la entrada a las estancias a los supervisores de Sedesol y los funcionarios del DIF, y organizaran una serie de manifestaciones y protestas en contra de la dependencia federal.
Debían también acudir a la prensa de la ciudad para denunciar presuntas irregularidades en este Programa del gobierno federal.
“Las señoras nunca pudieron advertir que era un movimiento político, movilizaron a su gente, a sus padres de familia y los padres de familia a la gente que dependía de ellos”, detalla Adolfo Morquecho Méndez, representante legal de estas empresarias.
Luego de renunciar a Sedesol se reunieron otra vez con Castillo Quiroz sólo para llevarse la sorpresa de que el Estado, había autorizado únicamente 20 de las 120 becas, o niños que asistirían a sus guarderías y no más. Tampoco, se les advirtió, habría ayuda para la apertura de las estancias.
Para entonces las empresarias, por orden de Castillo Quiroz, habían cambiado la sede de sus antiguas guarderías a edificios más grandes y de rentas caras.
Más tarde comenzaron a operar con 20 niños y un apoyo mensual de 32 mil pesos, apoyo que a la larga resultó insuficiente para mantener en funcionamiento las estancias ubicadas en colonias urbano marginadas, donde vivían aquellos pequeños hijos de obreros y trabajadoras domésticas.
Andando los días, en agosto de 2011, y cuando las mujeres cumplían apenas cuatro meses de haber inaugurado sus guarderías, las autoridades volvieron a citar a otra reunión en un salón de juntas del Centro de Gobierno. Nadie presintió que esta vez sería para informales que la administración del profesor Moreira había determinado finalizar el Programa por falta de recursos.
“Nos dijeron ´hasta aquí y háganle como puedan´, y que se debía al cambio de gobierno, que porque salió Humberto Moreira y llegó Jorge Torres, que, por cierto, nunca nos quiso apoyar, nunca nos escuchó, nunca nos recibió”, recuerda Graciela Herrera.
Les recomendaban, sin embargo, continuar trabajando en las guarderías por su propia cuenta, a través del cobro de cuotas a los padres de los infantes.
“A veces había padres de familia que no podían pagar la aportación y era muy feo decir ‘tú no pagas, no entras o no pagas, no te doy de comer o de almorzar’.
Aquí no se trata de que ‘no pagaste, no te doy el servicio, vete para tu casa’, porque estamos hablando de que repercute en el trabajo de los padres y madres de familia, de que a veces son madres solteras, estudiantes.
“Nada más de sueldos eran 18 mil pesos, comida mensual, unos cinco mil pesos, gastos de luz, agua, teléfono, gas, serían unos tres mil pesos al mes. Pago de renta cuatro mil, cinco mil pesos, había quienes pagaban siete mil, o sea que muchas veces salíamos poniendo y sin pagarnos un sueldo como directoras”, cuenta Graciela Herrera.
Pero la situación para las guarderías fue de mal en peor, los padres de los niños estaban siempre sin dinero para pagar el servicio de las estancias y las directoras tuvieron que recurrir al endeudamiento con financieras, agiotistas y particulares, para solventar la renta, el sueldo de sus trabajadoras, el alimento de los pequeños y el pago de servicios de luz, agua y gas.
“Una señora está a punto de perder su casa, le pidió dinero a un notario público y el notario público, como buen agiotista, le dice que no puede hacer nada por ella y que tiene que esperarse. Y entre más pasa el tiempo y aumente el pagaré el notario le pueda quitar la casa”, apunta Adolfo Morquecho Méndez, el representante legal de estas mujeres.
A la postre la situación se tornó insostenible y bien entrado el mes de diciembre la mayoría de las empresarias decidieron cerrar las puertas de las guarderías, dejando a la deriva a los padres de familia y a sus hijos.
La mujeres enfrentaban para entonces los adeudos cuantiosos que implicaron mantener en orden las guarderías, además de las demandas laborales de sus trabajadores por la falta sueldo, despidos injustificados y pago de finiquitos,
De aquel César Castillo Quiroz, quien se había beneficiado también con una guardería y las cuotas mensuales que cobraba a las directoras de las estancias como pago por el favor de haberlas metido en el Programa, no volvieron saber.
Ahora la pregunta de estas mujeres es ¿quién las ayudará para salir del atolladero y reparar el perjuicio económico ocasionado a sus familias?, las cuales empiezan a ser víctimas de los prestamistas que amenazan con dejarlos en la calle.
Cadenas Productivas: en números rojos
La suerte no ha sido distinta para decenas de proveedores de bienes y servicios del “Gobierno de la Gente”, que a causa de las deudas millonarias que sostiene con ellos la pasada administración, han visto tambalear sus finanzas y, en no pocos casos, se rumora, perdido sus negocios.
SEMANARIO buscó durante 30 días a más de 50 proveedores que habían accedido al Programa de Cadenas Productivas y a quienes el gobierno había retrasado sus pagos, incluso, por meses.
Pero ninguno de los acreedores de la administración Moreira, a quienes habitualmente se les ve haciendo fila en la caja de la Secretaría de Finanzas, quiso compartir su historia, por temor a que las autoridades del nuevo régimen se nieguen a cumplir con el pago de sus adeudos.
“No, si de por sí que no nos quieren pagar, imagínate si hablamos, menos…”, dijo el dueño de una constructora durante una visita a su negocio ubicado en Saltillo.
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