Procurador de Justicia militar recuerda que en la actual administración los soldados han sufrido 33 ataques con granadas
MÉXICO, D.F.- El procurador de Justicia Militar, general Jesús Gabriel López Benítez afirmó que entre las Fuerzas Armadas y el crimen organizado la lucha contra la delincuencia es desigual, informó Notimex.
Al participar en el "Congreso Internacional Sobre el Uso de la Fuerza Pública en un Estado Democrático de Derecho", el mando militar sostuvo que hay tanta diferencia en las condiciones de lucha entre los criminales y el Ejército, que tan sólo en la actual administración los soldados han sufrido 33 ataques con granadas.
En el evento organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República, el funcionario castrense sostuvo que el saldo de esos ataques sufridos por ejército es de 12 soldados muertos y 35 heridos, "lo que es una muestra innegable de que esa lucha es desigual".
Afirmó que hoy las Fuerzas Armadas requieren de herramientas legales y equipos que les permitan emparejar esa lucha contra la delincuencia, pues aclaró "que no es una guerra sino una lucha porque tanto los efectivos como los delincuentes son ciudadanos, y estamos en un mismo país, por lo tanto no es guerra", aclaró.
López Benítez sostuvo que las organizaciones del crimen organizado no tienen límites legales ni morales en sus acciones, las cuales cada día se observan más violentas.
Sin embargo, aclaró, "no estamos pidiendo libertad para usar la fuerza y las armas de manera indiscriminada; tampoco pedimos que se eliminen las leyes que regulan la actuación de las Fuerzas Armadas y de las policías".
Sin embargo, dijo que se debe analizar la posibilidad "de dotar al Ejército y la Armada de herramientas y materiales, así como equipos para hacer una lucha menos desigual".
En materia de uso de la fuerza, el procurador de Justicia Militar dijo que en las condiciones actuales en que opera el crimen organizado quedan descartadas para su uso las armas como bastones eléctricos y gases de dispersión, porque los delincuentes utilizan granadas de fragmentación, lanzacohetes y lanzagranadas que son altamente letales.
Dijo que en materia de derechos humanos, el personal militar está sujeto, desde los mandos hasta la tropa, a permanentes programas de capacitación en cuanto a las garantías individuales y armas, y se les inculca que el uso de la fuerza debe ser razonado y proporcional al que utilizan los criminales.
Por otro lado, dijo que son varias las leyes secundarias en las que se sustenta el uso de las fuerzas armadas para combatir al crimen organizado, y que además la participación militar siempre es a petición de las autoridades civiles.
Por ello, agregó López Benítez, "en el ejercito existe la convicción de que el uso de la fuerza debe ser prudente, lógico y adecuado a las capacidades del infractor, y solamente cuando el empleo de la fuerza sea absolutamente necesario".
Por otro lado, el funcionario militar sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha dejado claro en seis tesis jurisprudenciales "que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es legal y que además es atribución del Presidente de la Republica".
SIPSE
20/08/2010
MÉXICO, D.F.- El procurador de Justicia Militar, general Jesús Gabriel López Benítez afirmó que entre las Fuerzas Armadas y el crimen organizado la lucha contra la delincuencia es desigual, informó Notimex.
Al participar en el "Congreso Internacional Sobre el Uso de la Fuerza Pública en un Estado Democrático de Derecho", el mando militar sostuvo que hay tanta diferencia en las condiciones de lucha entre los criminales y el Ejército, que tan sólo en la actual administración los soldados han sufrido 33 ataques con granadas.
En el evento organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República, el funcionario castrense sostuvo que el saldo de esos ataques sufridos por ejército es de 12 soldados muertos y 35 heridos, "lo que es una muestra innegable de que esa lucha es desigual".
Afirmó que hoy las Fuerzas Armadas requieren de herramientas legales y equipos que les permitan emparejar esa lucha contra la delincuencia, pues aclaró "que no es una guerra sino una lucha porque tanto los efectivos como los delincuentes son ciudadanos, y estamos en un mismo país, por lo tanto no es guerra", aclaró.
López Benítez sostuvo que las organizaciones del crimen organizado no tienen límites legales ni morales en sus acciones, las cuales cada día se observan más violentas.
Sin embargo, aclaró, "no estamos pidiendo libertad para usar la fuerza y las armas de manera indiscriminada; tampoco pedimos que se eliminen las leyes que regulan la actuación de las Fuerzas Armadas y de las policías".
Sin embargo, dijo que se debe analizar la posibilidad "de dotar al Ejército y la Armada de herramientas y materiales, así como equipos para hacer una lucha menos desigual".
En materia de uso de la fuerza, el procurador de Justicia Militar dijo que en las condiciones actuales en que opera el crimen organizado quedan descartadas para su uso las armas como bastones eléctricos y gases de dispersión, porque los delincuentes utilizan granadas de fragmentación, lanzacohetes y lanzagranadas que son altamente letales.
Dijo que en materia de derechos humanos, el personal militar está sujeto, desde los mandos hasta la tropa, a permanentes programas de capacitación en cuanto a las garantías individuales y armas, y se les inculca que el uso de la fuerza debe ser razonado y proporcional al que utilizan los criminales.
Por otro lado, dijo que son varias las leyes secundarias en las que se sustenta el uso de las fuerzas armadas para combatir al crimen organizado, y que además la participación militar siempre es a petición de las autoridades civiles.
Por ello, agregó López Benítez, "en el ejercito existe la convicción de que el uso de la fuerza debe ser prudente, lógico y adecuado a las capacidades del infractor, y solamente cuando el empleo de la fuerza sea absolutamente necesario".
Por otro lado, el funcionario militar sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha dejado claro en seis tesis jurisprudenciales "que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es legal y que además es atribución del Presidente de la Republica".
SIPSE
20/08/2010
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