JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Ni siquiera la imputación que le hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sacará a Ulises Ruiz Ortiz del gobierno de Oaxaca.
Arropado por la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados que impedirá el juicio político en su contra, el gobernador minimizó el señalamiento que le hizo el máximo tribunal del país al calificarlo como una mera "opinión".
El pasado miércoles 14 de octubre, después de año y medio de indagatorias, la Corte estableció que Ruiz fue uno de los principales responsables de las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), entre 2006 y 2007, que según la Corte dejó 26 muertos y cerca de 200 detenidos.
La conclusión adoptada por la SCJN después de dos sesiones públicas fue contundente: ocho de los 11 ministros que integran el pleno del máximo tribunal mexicano resolvieron que el gobernador fue responsable, por acción y omisión, de la afectación a garantías constitucionales.
De acuerdo con el proyecto elaborado por el ministro Mariano Azuela -quien pretendía que se le atribuyera al gobernador oaxaqueño una responsabilidad "atenuada"-, Ulises Ruiz afectó las garantías de acceso a la justicia, de la vida, de la integridad personal, de libertad (que comprende las de tránsito, trabajo y expresión), de la educación, de propiedad y posesión y el derecho a la paz. Además, a propuesta del ministro Juan Silva Meza se determinó que también violó el derecho de acceso a la información.
Los únicos ministros que salieron en defensa de Ulises Ruiz, además de Azuela, fueron Margarita Luna Ramos y Sergio Valls Hernández, quien dio muestra de su pasado priista, pues exculpó de toda responsabilidad a su excompañero de partido. Como miembro del PRI, Valls fue funcionario del Seguro Social y diputado federal por Chiapas.
El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano fue incluso más allá: para él ni siquiera hubo violación grave a los derechos humanos, sino que las agresiones fueron originadas por "subversivos" apoyados por la guerrilla, incluidas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
La Corte, sin embargo, por seis votos a cinco, eximió del todo al gobierno del expresidente Vicente Fox. Los ministros que argumentaron para llegar a lo más alto de la cadena de mando -el presidente y sus secretarios de Gobernación, Carlos Abascal, y de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora- fueron José Ramón Cossío Díaz, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero y Silva Meza.
Manto de protección
Aunque la SCJN ya había hecho una acusación similar de violación grave de garantías individuales en contra del exgobernador de Guerrero Rubén Figueroa por la matanza de Aguas Blancas, en 1996, que lo llevó a renunciar obligado por el expresidente Ernesto Zedillo, Ulises Ruiz se convirtió en el primer gobernador en ser sometido a una investigación de este tipo a solicitud del Congreso de la Unión.
Pero la consecuencia de esa acusación, el juicio político, está prácticamente descartada debido a la mayoría del PRI en las comisiones de Gobernación y Justicia de la Cámara de Diputados, encargadas de darle seguimiento al resolutivo de la Corte.
La Comisión de Gobernación está presidida por el diputado por Chihuahua Javier Corral, del PAN; la de Justicia, por el diputado por el Estado de México, Humberto Benítez Treviño, del PRI. Ambos deberán integrar la subcomisión de Examen Previo para darle continuidad a la demanda de juicio político promovida por el PRD contra Ulises en enero de 2007.
La demanda se detuvo en ese momento porque el entonces presidente de la Comisión de Gobernación y exgobernador de Oaxaca, el también panista Diódoro Carrasco Altamirano, decidió suspender el trámite hasta que se conociera el resultado de la investigación de la Suprema Corte.
A pesar de las pocas probabilidades de que prospere el juicio político contra el gobernador, Corral asegura que la Cámara de Diputados "tiene el deber ineludible de darle consecución a la acción de la Corte", que atendió dos solicitudes del pleno de la propia Cámara, en febrero y octubre de 2007, para que ejerciera su facultad constitucional de investigación para casos de violación grave a alguna garantía individual.
En entrevista telefónica, Corral advierte que se sentaría "un precedente muy nefasto" si la Cámara desconoce o ignora la intervención de la Corte cuando fueron los propios diputados quienes la solicitaron.
"Yo ya he pedido al presidente de la Comisión de Justicia que constituyamos la subcomisión de Examen Previo. Tenemos 200 expedientes de juicio político pendientes de la LIX y LX legislaturas. Pero por ahora, la resolución de la SCJN hace relevante e ineludible dictaminar el caso de Oaxaca", dice el legislador.
Asegura que "por lo menos" el procedimiento se tiene que desahogar, aunque "es cierto que la correlación de fuerzas en la Cámara no es favorable para que se inaugure en México la justicia política".
Además, entra en juego la negociación para el presupuesto de 2010, aunque para Corral la subcomisión se debe integrar "más allá de las negociaciones económicas o fiscales y hasta donde realmente podamos y hasta donde quieran ir los partidos políticos, incluido el mío".
Aunque dice no tener claro cómo va a actuar el PRI, da a conocer que algunos diputados de Oaxaca "han empezado a presionar y a mandar mensajes de que el juicio político sería la guerra y hasta uno -cuyo nombre por ahora me voy a reservar- me mandó amenazar de que me quitarían de la Comisión de Gobernación si se le mueve al asunto".
De hecho, en cuanto se conoció la conclusión de la Corte, los priistas salieron en bloque a defender a su cuestionado gobernador. La línea dura del PRI se conoció la noche del jueves, mediante un boletín en el que se arremete contra la Suprema Corte, a la que se responsabiliza de cualquier "nueva confrontación" que pueda ocurrir en el estado.
Al poco rato de su distribución, la oficina de prensa priista pidió a los medios que no se publicara porque se trataba de "una versión no definitiva". En el documento aparecen los nombres de 48 diputados coordinadores de las bancadas estatales y coordinadores y vicecoordinadores del PRI, encabezados por el coordinador del grupo parlamentario en la Cámara, Francisco Rojas Gutiérrez.
La "versión no acabada", que no fue sustituida por otra, expresa una gran molestia contra la Suprema Corte: "Apenas se han restañado las secuelas de la grave confrontación social que vivió la sociedad oaxaqueña en 2006, cuando de manera inaudita e inaceptable, la SCJN incentiva una nueva confrontación, ahora motivada por una resolución sustentada en apreciaciones subjetivas, juicios de valor y prejuicios, más que la objetiva y escueta aplicación de la ley que le corresponde a un cuerpo constitucional de esa jerarquía.
"Afirma que los problemas políticos, económicos y sociales que originaron el conflicto "han sido satisfactoriamente resueltos", por lo que la "inconsecuente resolución" de la Corte sobre la responsabilidad del gobernador "sólo servirá para incentivar nuevas expresiones de confrontación política y social, cuyas potenciales consecuencias serán estrictamente de la responsabilidad de la Corte".
Amaga incluso con hacer "una consulta pública" para retirarle a la Corte la facultad de investigación establecida en el artículo 97 de la Constitución porque "ni está capacitada ni tiene los elementos para este tipo de tareas".
Aunque el documento fue retirado, parte de sus argumentos los esgrimió el propio Ulises Ruiz en declaraciones a la prensa oaxaqueña, el viernes 16.
El gobernador se jactó de que la decisión de la Corte ni le quita el sueño "ni voy a renunciar", y dijo que en el informe de la investigación "hay expresiones de la sociedad oaxaqueña que quieren que se conozcan los informes, las gentes que financiaron las acciones, los asuntos que se vivieron en el 2006, los responsables de violación de derechos humanos... Hay nombres, hay responsables, hay organizaciones que estuvieron".
Entre las críticas priistas a la Corte, hechas en el mismo tono de la versión no autorizada, destaca la del diputado federal y exsecretario de Gobierno de Oaxaca, Heliodoro Díaz Escárcega. Designado en ese cargo en julio de 2006, dos meses después de que iniciara el conflicto magisterial que derivó en las manifestaciones de la APPO, Díaz Escárcega advirtió que la decisión de la Corte "puede dar pauta para que grupos animados por este tipo de hechos quieran ver nuevamente azotada a la entidad en la lucha callejera, el conflicto, el agravio, con el trastocamiento de la paz y tranquilidad y el desarrollo" del estado.
El diputado Javier Corral dice que si se impone esa defensa del PRI, no sólo se habrá afectado la Corte: "Si a una autoridad que se le documenta la represión, privaciones ilegales de la libertad, lesionados, homicidios, despliegue inusual y drástico de fuerzas policiales, varias violaciones a garantías individuales y no pasa nada, lo único que termina creando es un monumento a la impunidad".
Proceso19/10/2009
Proceso19/10/2009
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