Ricardo Ravelo
De llevarse a sus últimas consecuencias la supuesta Operación Limpieza, pocos serán los directivos y agentes de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública federal -cuyos titulares fueron nombrados y son mantenidos en sus cargos por el presidente Felipe Calderón- que queden exentos de las imputaciones que los impliquen con algún cártel de la droga. A raíz de que la agencia antidrogas de Estados Unidos comunicó al titular de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, que esa subprocuraduría estaba infiltrada, la mayoría de los altos mandos señalados comenzaron a ser arraigados, incluso él mismo. La corrupción envuelve a casi todos los jefes de la PGR...
Cuando el narcotráfico penetró las áreas más sensibles de la Procuraduría General de la República (PGR) a principios de año, el procurador Eduardo Medina Mora supo que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) informó al titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) sobre esos hechos, pero no se hizo nada para frenar la corrupción.
Y sólo ahora que las confrontaciones sobre los presuntos vínculos de altos funcionarios de la SIEDO y de agentes de la AFI y la SSP con la célula de los hermanos Beltrán Leyva y con el cártel de Sinaloa alcanzaron niveles de escándalo, el gobierno federal puso en marcha la Operación Limpieza. Su propósito, según el procurador Eduardo Medina Mora, es "sanear" a la PGR.
Entrevistas con fuentes de la PGR y de la SSP, que exigieron el anonimato para aportar información, permiten reconstruir esos episodios:
En marzo de este año, Noé Ramírez Mandujano, entonces titular de la SIEDO, fue alertado por la DEA de que su oficina había sido infiltrada por la mafia de los hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leyva.
"Hay gente tuya trabajando para el narcotráfico. Tu oficina ya se convirtió en una extensión al servicio de los Beltrán", le dijeron los agentes de la DEA; incluso le proporcionaron los nombres de los funcionarios implicados. La lista incluía a coordinadores, directores de área y agentes ministeriales que formaban parte de su equipo de confianza.
Ramírez Mandujano, quien el 3 de enero de 2007 sustituyó en la SIEDO a José Luis Santiago Vasconcelos, su mentor, tomó nota y, preocupado por la información, decidió tratar el tema en privado con Miguel Colorado González, entonces coordinador técnico de la misma subprocuraduría. Luego de una larga charla, Ramírez Mandujano ordenó que agentes bajo el mando de Colorado realizaran un monitoreo y un seguimiento minucioso al personal militar adscrito a la SIEDO.
El coordinador técnico -a la postre implicado en la red criminal de los Beltrán- cumplió la instrucción de Ramírez Mandujano, no sin incurrir en tropiezos y fallas circunstanciales o deliberadas. El primero que comenzó a ser vigilado fue el capitán Fernando Rivera Hernández, director adjunto de la Coordinación Técnica de la SIEDO, de quien los agentes de Colorado González grabaron entrevistas, conversaciones y reuniones.
Por los informes de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Noé Ramírez sabía que el capitán tenía relaciones con Sergio Barragán Villarreal, El Grande, exmiembro de los cárteles del Golfo y de Sinaloa y actualmente pieza del nuevo corporativo criminal encabezado por los Beltrán Leyva.
La misma suerte corrieron los comandantes Roberto García y Milton Cilia Pérez. Ramírez Mandujano y el procurador Medina sabían que ambos sostenían reuniones con representantes del cártel (de los Beltrán Leyva) en Cuernavaca, Morelos, uno de los territorios en los que opera este capo.
Los encargados de seguir los pasos del capitán Fernando Rivera fueron los agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) Antonio Mejía Robles, Jorge Alberto Zavala, Francisco Javier Jiménez, Luis Manuel Tovar, Samuel Cruz Sánchez y Ricardo Córdoba, todos adscritos a la Coordinación Técnica de la SIEDO.
"El monitoreo y seguimiento" contra los tres altos mandos de la subprocuraduría duró 15 días y se instrumentó a raíz de que la DEA reveló a Ramírez Mandujano que su oficina estaba saturada de "ojos, oídos y manos" del clan Beltrán Leyva.
Pero esa operación, que era "secreta", derivó en un escándalo en el interior de la subprocuraduría y estuvo a punto de desencadenar un agarrón a golpes entre los funcionarios acusados de estar en la nómina de los Beltrán Leyva.
Según una fuente consultada por este reportero, Fernando Rivera y sus presuntos cómplices se enteraron de que eran vigilados y acudieron a la oficina de Colorado a reclamarle su proceder. Con el rostro endurecido, le lanzaron una andanada de insultos.
"Son chingaderas, ingeniero, que mandes agentes a seguirnos -le dijeron, según la fuente consultada-. No te metas con nosotros porque vas a terminar mal, cabrón."
El enfrentamiento fue presenciado por buena parte de los peritos que en ese momento laboraban en sus cubículos aledaños a la oficina de Colorado. La intervención de Octavio Tapia, director del área técnica de la SIEDO, evitó que se desataran los golpes.
Calmados los ánimos, Colorado González pidió hablar con Ramírez Mandujano, a quien contó los detalles del desaguisado. Tras escucharlo, el entonces titular de la SIEDO le ordenó a su interlocutor continuar con los seguimientos, pero le sugirió: "Que se haga con mayor discreción" y con menos personal.
El testigo "Felipe"
La información proporcionada a Ramírez Mandujano por la DEA no era una invención.
Meses atrás, los agentes antidrogas de Estados Unidos habían arraigado a Alberto Pérez Guerrero, conocido en el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008 como Felipe, el testigo protegido estelar de la PGR que con sus testimonios desnudó la corrupción en la SIEDO y en la SSP, a cargo de García Luna.
Al rendir sus primeras declaraciones en la sede de la legación mexicana de Washington, Felipe señaló, entre otras personas, a Mario Arturo Velarde Martínez como un enlace entre la AFI y el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. En el sexenio de Vicente Fox, Velarde fungió como secretario particular de García Luna, entonces titular de la AFI.
El testigo también implicó en la red de funcionarios al servicio de los Beltrán a Ricardo Gutiérrez, exdirector de Interpol, y a su sucesor, Rodolfo de la Guardia. Ambos fueron arraigados por la PGR el martes 18. Según él, los dos señalados tenían amistad con José Antonio Cueto, un personero de los Beltrán encargado del reclutamiento de funcionarios y de infiltrarse en instituciones responsables de combatir el narcotráfico. Según las declaraciones de Felipe, le "vendían" información a Cueto.
Por lo que concierne a las operaciones de Velarde Martínez, Felipe se explayó:
A principios de 2007, el licenciado Velarde Martínez se desempeñaba como director de área, y Ricardo Gutiérrez, quien es amigo cercano de Cueto... me pidió información sobre dos asuntos de los cuales no recuerdo en la oficina de Interpol, en los que tenía conocimiento Cueto, por los cuales me dio Velarde Martínez la cantidad de 4 mil dólares, de los cuales 2 mil entregué a Cueto...
Todos los funcionarios y agentes señalados por Felipe están arraigados, al igual que 35 agentes del Ministerio Público federal que trabajaban simultáneamente para la SIEDO y para los Beltrán Leyva.
Sólo Velarde Martínez, el secretario particular de García Luna cuando éste estuvo al frente de la AFI, sigue libre a pesar de los contundentes señalamientos en su contra. En la propia PGR incluso le dan "un trato decoroso". La prueba es que, "cuando ha sido citado a declarar tarda cuatro horas en la SIEDO, a lo mucho, y se va muy campante a su casa", relata una fuente confidencial que pidió a este reportero el anonimato.
El testigo Felipe, quien fue agente de la PGR y fungió como comisionado de la Interpol en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también implicó en la red criminal de los Beltrán -y del cártel de Sinaloa- al capitán Fernando Rivera y al propio Miguel Colorado, el hombre de confianza de Noé Ramírez.
Las detenciones
El 3 de agosto, cinco meses después de que la DEA informó a Noé Ramírez que sus colaboradores trabajaban para el narcotráfico, se desplegó un aparatoso operativo: elementos del Ejército encabezados por Ignacio Peralta Ortega, funcionario del área judicial de la PGR, rodearon las instalaciones de la PGR ubicadas en Reforma 75.
Peralta Ortega le pidió a Ramírez Mandujano concentrar a su personal policiaco. "Sin excepción alguna", le dijo. La petición se cumplió: los agentes de la Coordinación Técnica (a cargo de Miguel Colorado), así como los de la Dirección de Informática e Inteligencia de la SIEDO (manejada por Fernando Rivera), acataron la orden.
Luego, Peralta le explicó a Ramírez Mandujano lo que éste ya sabía desde marzo, cuando la DEA le habló sobre la infiltración del narcotráfico en la SIEDO: que Fernando Rivera, Roberto García y el comandante Milton Cilia Pérez proporcionaban protección al cártel de Sinaloa; que la DEA tenía un testigo protegido (Felipe) que estaba señalando al personal de la subprocuraduría.
Así mismo, le dijo a Ramírez Mandujano que el capitán Rivera y sus cómplices iban a ser trasladados al centro de mando de la Policía Federal Preventiva (PFP) en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México.
Días después de ser incriminados por el testigo Felipe, Rivera, Cilia y García se incorporaron al programa de testigos protegidos, y 90 días después implicaron en la red de protección al cártel de Sinaloa al propio Ramírez Mandujano, quien renunció al cargo y voluntariamente se presentó a la PGR a rendir su declaración. En la investigación se hallaron elementos que permitieron retenerlo en la SIEDO y, posteriormente, arraigarlo.
El 5 de agosto último, ya como parte de la llamada Operación Limpieza anunciada por el procurador Eduardo Medina Mora, elementos del Ejército realizaron otro operativo en la SIEDO. Con base en las imputaciones del testigo Felipe, fueron detenidos Miguel Colorado, Alberto Zavala Segovia, Luis Manuel Aguilar Flores y Antonio Mejía Robles. Los tres últimos son los afis que integraban el equipo que, por instrucciones de Ramírez Mandujano y Colorado, dieron "seguimiento" al capitán Fernando Rivera y a sus cómplices en marzo pasado.
Las múltiples detenciones realizadas tanto por el Ejército como por la Policía Federal Preventiva (PFP) no sólo derivan de las imputaciones del testigo Felipe. Otros arraigos y aprehensiones se realizaron tras la captura, el 20 de octubre pasado en la colonia Lindavista, al norte de la Ciudad de México, de Jesús Rey Zambada García, hermano de Ismael El Mayo Zambada.
Uno de los funcionarios de la SSP presuntamente involucrados con el grupo de Zambada es Édgar Bayardo del Villar, agente de la División Antidrogas de la PFP. Según las indagatorias de este caso dos personas (cuyos nombres están reservados) declararon ante la SIEDO que los Zambada García le entregaban "una cantidad millonaria" a Bayardo para que protegiera sus operaciones de narcotráfico.
Y como parte de la investigación derivada de la detención de Rey Zambada la PGR solicitó la comparecencia del entonces comisionado interino de la PFP, Víctor Garay, y de Francisco Navarro, hombres de confianza de García Luna. Ambos fueron arraigados.
No es todo: el 29 de octubre, como parte de la Operación Limpieza, que inició con las detenciones de Fernando Rivera, Miguel Colorado y su gente, la SIEDO capturó a Rodolfo de la Guardia, exdirector de Interpol y de Despliegue Regional de la AFI, así como a su sucesor en esa corporación, Ricardo Gutiérrez Vargas. La razón: que sirvieron con información y protección al cártel de Sinaloa.
La colombiana
Édgar Bayardo y Francisco Navarro, ambos cercanos a García Luna, también están acusados de robo y torturas por la colombiana Ángela María Quintero Martínez, detenida el 15 de octubre último junto con un grupo de presuntos narcos colombianos proveedores de varios cárteles mexicanos en una fastuosa residencia asegurada por agentes federales. En esa ocasión también cayó Teodoro Mauricio Fino Restrepo, presunto enlace de los Beltrán Leyva en Colombia.
Quintero Martínez declaró a la SIEDO -averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/347/2008- que fue detenida en la casa ubicada a un costado del Desierto de los Leones cuando festejaba el cumpleaños de una amiga suya de nombre Juliana.
Dijo tener varios negocios, entre otros un spa en Bogotá, Colombia, en sociedad con José Luis Botero, así como la joyería El Brillante, en sociedad con Germán Serna; también aseguró ser médico cirujano con especialidad en medicina estética, por lo que, dijo, cuenta "con una gran cantidad de clientes".
Agregó que el comandante Bayardo (el mismo que está implicado en la presunta protección a los Zambada García) le dijo a una mujer policía que le pidiera a ella y a una de sus amigas que asistió a la fiesta, Margarita Gómez Arango, que le entregara todas sus pertenencias porque se las iban a quitar en el lugar a donde las iban a llevar, presuntamente las instalaciones de la SIEDO.
Narra Quintero Martínez: "Y le entregué unos aretes de diamantes de un kilate cada uno, un reloj Cartier y una pulsera de oro de 14 kilates cada uno con brillantes".
En el operativo también participó el comandante Francisco Navarro, otro de los presuntos implicados en la red del cártel de Sinaloa. Del lote de joyas valuado en 120 mil dólares que Quintero Martínez dejó guardado en la recámara principal de su amiga Juliana nada se sabe, por lo que en su declaración infiere que también fue robado.
El operativo se ejecutó el 15 de octubre último. Los agentes federales revisaron toda la casa y la SSP informó de los hechos y de los aseguramientos hasta el 20 del mismo mes.
Proceso 30/11/2008
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